EL ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el ex secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa, fueron declarados ayer "no culpables" por el jurado popular encargado de emitir el veredicto sobre el llamado caso de los trajes. Por una exigua mayoría de cinco votos a cuatro, reveladora de la polarización que ha rodeado el asunto, aunque suficiente en todo caso para exonerar de responsabilidad penal a los imputados, los nueve ciudadanos anónimos que integran el jurado, tras quince horas de deliberación durante tres días, decidieron que no ha lugar a condenar a Camps y a Costa al no considerar probado que recibiesen regalos de la trama Gürtel en el ejercicio de sus cargos políticos. Así, ambos quedan exonerados del supuesto delito de cohecho pasivo impropio y automáticamente absueltos de los cargos que se les imputaban.
El veredicto fue recibido con la lógica satisfacción de los acusados y la euforia desbordada de sus partidarios presentes también en la lectura del dictamen, circunstancia que motivó el desalojo de la sala del Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Mientras, en la calle se concentraban grupos de manifestantes partidarios del juez Garzón, que recibieron a Camps con insultos. Se da la paradoja de que el ex magistrado de la Audiencia Nacional fue quien inició la instrucción del caso Gürtel y ahora ha sido juzgado por las escuchas a abogados e imputados de la trama, además de por el sumario sobre las fosas del franquismo, que le ha sentado en el banquillo por segunda vez en pocos días.
A la lógica satisfacción de los imputados –que siempre mantuvieron su inocencia pese a que el escándalo costó la dimisión a Camps el verano pasado y su sustitución por el actual presidente valenciano, Alberto Fabra– se contrapone, pues, una cierta decepción en la sociedad sobre el resultado del proceso.
El veredicto fue recibido con la lógica satisfacción de los acusados y la euforia desbordada de sus partidarios presentes también en la lectura del dictamen, circunstancia que motivó el desalojo de la sala del Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Mientras, en la calle se concentraban grupos de manifestantes partidarios del juez Garzón, que recibieron a Camps con insultos. Se da la paradoja de que el ex magistrado de la Audiencia Nacional fue quien inició la instrucción del caso Gürtel y ahora ha sido juzgado por las escuchas a abogados e imputados de la trama, además de por el sumario sobre las fosas del franquismo, que le ha sentado en el banquillo por segunda vez en pocos días.
A la lógica satisfacción de los imputados –que siempre mantuvieron su inocencia pese a que el escándalo costó la dimisión a Camps el verano pasado y su sustitución por el actual presidente valenciano, Alberto Fabra– se contrapone, pues, una cierta decepción en la sociedad sobre el resultado del proceso.
Las cintas con las conversaciones grabadas a los imputados ahora absueltos, algunos de sus familiares y los implicados en la trama dejan pocas dudas sobre el nivel de la relación –un punto vergonzosa y rayana en el compadreo más absoluto– que mantenían unos y otros.
Además, el hecho de que por primera vez en España haya sido un jurado popular la instancia encargada de dictaminar sobre la inocencia o culpabilidad de altos responsables políticos ha añadido más polémica si cabe a la decisión adoptada, por otra parte impecablemente ajustada a la ley y el Estado de derecho.
La justicia –y los instrumentos de que dispone, entre ellos, la institución del jurado popular– ha hecho su labor y no cabe cuestionarla desde el punto de vista procedimental, aunque quede la impresión de que no se ha llegado al fondo sobre el alcance de las evidentes relaciones de Camps y Costa con los cabecillas de la trama, en unos momentos en que la crisis ha redoblado el nivel de exigencia ética en los comportamientos de los gestores públicos. En este sentido, aunque Camps y Costa hayan sido declarados no culpables porque no se han considerado concluyentes las pruebas aportadas, será difícil olvidar lo que sí ha quedado demostrado en el juicio a través de las múltiples conversaciones grabadas que se han hecho públicas durante las sesiones: un modo de administrar el poder que dista mucho de la ejemplaridad. La no condena de Camps y Costa en ningún caso puede equipararse a una absolución política susceptible de tentar a los ex acusados con un retorno a la primera fila de la actividad pública.
Además, el hecho de que por primera vez en España haya sido un jurado popular la instancia encargada de dictaminar sobre la inocencia o culpabilidad de altos responsables políticos ha añadido más polémica si cabe a la decisión adoptada, por otra parte impecablemente ajustada a la ley y el Estado de derecho.
La justicia –y los instrumentos de que dispone, entre ellos, la institución del jurado popular– ha hecho su labor y no cabe cuestionarla desde el punto de vista procedimental, aunque quede la impresión de que no se ha llegado al fondo sobre el alcance de las evidentes relaciones de Camps y Costa con los cabecillas de la trama, en unos momentos en que la crisis ha redoblado el nivel de exigencia ética en los comportamientos de los gestores públicos. En este sentido, aunque Camps y Costa hayan sido declarados no culpables porque no se han considerado concluyentes las pruebas aportadas, será difícil olvidar lo que sí ha quedado demostrado en el juicio a través de las múltiples conversaciones grabadas que se han hecho públicas durante las sesiones: un modo de administrar el poder que dista mucho de la ejemplaridad. La no condena de Camps y Costa en ningún caso puede equipararse a una absolución política susceptible de tentar a los ex acusados con un retorno a la primera fila de la actividad pública.
La Vanguardia
